El Defensor del Pueblo

DIARIO INFORMACIÓN 09/02/2008
El Defensor del Pueblo investiga las causas del desbordamiento del río Girona
La institución ha actuado de oficio al creer que "no se canalizó adecuadamente la crecida del caudal"
CÉSAR MONZONÍS El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha decidido investigar de oficio las causas que provocaron el desbordamiento del río Girona el pasado 12 de octubre. Múgica considera que "la crecida del agua como consecuencia de las lluvias torrenciales no se canalizó adecuadamente y provocó la rotura del puente de Beniarbeig" por lo que ha abierto la investigación de oficio para aclarar por qué ocurrió la riada.El temporal, que dejó en algunas zonas montañosas de la Marina Alta y el Comtat más de 400 litros por metro cuadrado, arrastró gran cantidad de tierras, residuos de obra, coches y cañas. El cauce del Girona, a su paso por sus tres últimos municipios antes de desembocar al Mediterráneo, causó graves daños y desperfectos materiales cifrados en decenas de millones de euros. Además, las aguas acabaron con la vida de la vecina del Verger, Encarna Sastre, que no pudo huir ante la rápida crecida del río.Tras la catástrofe, el pueblo de Beniarbeig quedó partido en dos; en El Verger la fuerza del agua derribó una vivienda y causó daños irreparables en muchas otras, al igual que en Els Poblets. Tras la conmoción que provocó la riada, responsables del Gobierno en Madrid y de la Generalitat en Valencia acudieron rápidamente a los municipios afectados y prometieron importantes ayudas para restablecer lo más pronto posible la normalidad. Algunas de estas actuaciones están a punto de culminar y otras se han iniciado como la reparación del puente de Beniarbeig. No obstante, a la hora de buscar responsabilidades técnicas o políticas sobre los hechos que causaron una muerte y millones de euros de pérdidas, ni la Administración central -responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar- ni tampoco la Generalitat Valenciana -responsable del Medio Ambiente y del Urbanismo- han abierto ninguna investigación.Ambas administraciones, una gobernada por el PSOE y la otra por el PP, se limitaron a culparse unos a otros. Inicialmente, incluso se acusó a los ecologistas por "no dejar limpiar el río", un argumento falso que con el paso de los días perdió adeptos: los ecologistas nunca han gobernado en Madrid ni en la Generalitat y además las cañas del río Girona es una especie invasora y, por lo tanto, no tiene ninguna protección especial. Además, los ecologistas denunciaron que se había usurpado cauce del río a lo largo de los años para construir viviendas a escasos metros del Girona. No obstante se inició, en parte propiciado por la precampaña electoral, un cruce de acusaciones entre los responsables de la CHJ y el PSOE por un lado y los de la Generalitat y el PP por otro. Salieron entonces a la luz actuaciones comprometidas que nunca llegaron a ejecutarse e imágenes que demostraban la saturación de cañas en el centro del cauce. La única víctima política de las inundaciones fue el concejal de Els Poblets, Lorenzo Simarro, miembro del PIREE (Partido Independiente de Residentes Europeos), socio de gobierno del PP en Els Poblets, que cuando ocurrió las inundaciones se encontraba de alcalde en funciones. El alcalde, Jaume Ivars, ante la presión popular le retiró delegaciones y le bajó el sueldo.
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